Este artículo aborda de forma crítica los mecanismos que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública dispone para que los sujetos obligados, particularmente los municipios, publiquen la información a la que están obligados.
En el año 2014, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), por convocatoria de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), llevó a cabo la tercera edición del Estudio Métrica de la Transparencia, con el objetivo de identificar las áreas de oportunidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información y la transparencia, de cara la construcción de un nuevo sistema de transparencia en el país.
“El principio de la máxima publicidad en los asuntos públicos es uno de los pilares de la transparencia y la lucha contra la corrupción” (Restrepo Hung, 2012, p. 150). Así, la transparencia proactiva busca hacer llegar la información al ciudadano de una manera pronta y expedita. Este artículo tiene como propósito abordar dicho tema desde la perspectiva de dos ayuntamientos (Guadalajara y Zapopan), realizando una exploración a su publicación de información de forma proactiva.
La democracia, genera el fortalecimiento de la confianza y la credibilidad en las instituciones públicas. La transparencia y rendición de cuentas forman un vínculo indisoluble en el desarrollo del estado moderno.
El municipio en México ha demostrado ser un espacio políticamente estructurado y delimitado, con recursos y atribuciones que le permiten impulsar el desarrollo y la democratización de los espacios locales. A pesar de que este es el ámbito más cercano a los ciudadanos y por ende el nivel administrativo con el que más contacto tienen, lo cierto es que en el nivel de las reformas, de las transformaciones y de las adaptaciones del sistema y del régimen político ha sido el eslabón olvidado.
Si bien el concepto de transparencia1 nace en la vida jurídica en México en 1977, mediante la reforma al artículo sexto constitucional donde se estableció que “… el derecho a la información será garantizado por el Estado…” (Diario Oficial de la Federación, 1977)2, no fue sino hasta 1988 que la transparencia comenzó a acercarse al ámbito electoral.
El presente artículo tiene como propósito exponer la trayectoria y desenlace del recurso de revisión 463/2011 del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), como un ejercicio de derecho a la información pública en el estado de Jalisco, y mostrar los efectos resultantes de una compleja relación entre ordenamientos jurídicos que tutelan derechos específicos y, por ende, la actuación de sus respectivos órganos de protección, en la definición de sus respectivas esferas de competencia.
Durante las últimas cuatro décadas, México ha transitado paulatinamente de un régimen autoritario a uno democrático; dicha transición ha sido posible (entre otros elementos) por las sucesivas reformas político electorales que permiten que actualmente tengamos un sistema electoral más confiable.
