El presente artículo analiza la importancia de los partidos políticos en Jalisco y el impacto de dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia, ya que al ser el vínculo principal entre la sociedad y el gobierno, juegan un papel clave en la vida democrática del Estado.
Más allá de palabras y de conceptos, Gobierno Abierto entra en la agenda pública como una herramienta comprometida con la sociedad para generar no sólo acceso a la información, sino apertura y co-creación en la toma de decisiones de las autoridades, respondiendo a cada momento en las necesidades que reclama la población.
Las élites de gobierno prefieren realizar su labor maximizando la opacidad de sus propias acciones, por eso la ciudadanía ha tenido necesidad de crear instancias especializadas y autónomas que se encarguen de fiscalizar e interrogar a las entidades gubernamentales, como ocurrió en el caso del Estado de Jalisco, en el que bajo el impulso de la sociedad civil, la academia y la iniciativa privada se creó una institución dedicada a garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información.
Desde las corrientes de apertura gubernamental vinculadas a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), se han identificado cuatro elementos básicos para el gobierno Abierto: transparencia, rendición de cuentas, tecnología digital y participación ciudadana.
El presente artículo tiene por objetivo explicar un caso emblemático en materia de acceso a la información, relativo al expediente de la licitación para la compra presuntamente irregular de 200 mil cobertores por el Gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General y la Secretaría de Desarrollo Social, para la comunidad.
La participación ciudadana como parte toral del engranaje en el Sistema Nacional y Estatal en materia Anticorrupción, apuesta dejar al margen a los políticos en algunos de los momentos importantes en la implementación y funcionamiento de los Sistemas. Por ello la naturaleza y atribuciones de los órganos sociales como la Comisión de Selección y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, sin duda nos generan un voto de confianza.
El presente artículo tiene como propósito reflexionar sobre los principios teóricos de la gobernanza, la ética y el nuevo institucionalismo observados en la conformación y operación de la Comisión Interinstitucional para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, creada a partir del acuerdo del Poder Ejecutivo del Estado en octubre del 2016, cuyo trabajo puede observarse como un precedente de la gobernanza local y en los esfuerzos ciudadanos para el combate a la corrupción.
El municipio en México ha demostrado ser un espacio políticamente estructurado y delimitado, con recursos y atribuciones que le permiten impulsar el desarrollo y la democratización de los espacios locales. A pesar de que este es el ámbito más cercano a los ciudadanos y por ende el nivel administrativo con el que más contacto tienen, lo cierto es que en el nivel de las reformas, de las transformaciones y de las adaptaciones del sistema y del régimen político ha sido el eslabón olvidado.
