El presente trabajo se divide en dos partes: por un lado expone el significativo avance que representó la creación de la figura de la unidad de transparencia para la garantía del derecho de acceso a la información que tiene características instrumentales, al ser un medio por el cual se pueden ejercitar otros derechos, y por el otro, exponer de manera empírica las vicisitudes que dicha figura representa para quien la desempeña.
Este artículo presenta una breve reconstrucción histórica sobre las primeras prácticas de transparencia y rendición de cuentas en Jalisco.
Se realizan una serie de reflexiones en torno a las condiciones que trascienden la aplicación de normatividad en materia de transparencia desde la visión de un titular de Unidad de Transparencia, poniendo en el centro al ciudadano y sus necesidades.
El ejercicio del derecho de acceso a la información, la observancia del principio constitucional de transparencia y la protección de los datos personales, son una indispensable práctica social que fortalece la vida democrática del país.
Puede resultar sensible ante las autoridades municipales el tema del servicio civil de carrera, por no existir antecedentes del mismo en ésta o anteriores administraciones, sin embargo, la existencia del mismo parte desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 115, numeral II); la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; la Constitución Política del Estado de Jalisco (artículo 116); la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (título Sexto, capítulo I); entre otras leyes aplicables que los facultan a generar y aprobar reglamentos o disposiciones administrativas en beneficio del mismo, y que en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, también menciona el profesionalismo de los servidores públicos, obligando a transparentar el ejercicio de la función pública, garantizando el acceso, la consulta, difusión y publicación de la información que genere a través de sus directores o servidores como derecho constitucional de la sociedad.
