Multa ITEI a ex Alcalde y amonesta a dos presidentes en funciones

Ordena Pleno dar información sobre proceso de sustitución de calandrias por vehículos motorizados

El Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) amonestó a dos presidentes municipales, y multó a un ex alcalde y a una ex funcionaria municipal por no acatar resoluciones del pleno.

En sesión ordinaria, se impusieron multas de $7,010 pesos a José Pástor Martínez Torres, ex Presidente Municipal de Juanacatlán (2012-2015), y a María de Jesús Jáuregui Romo, ex titular del Instituto de la Mujer de Teocaltiche (2012-2015), por no implementar un sistema de recepción de solicitudes y entrega de información pública vía electrónica.

Además, resolvió amonestar Juan Carlos Rodríguez Mayorga, Presidente Municipal de Bolaños, por negar información respecto de órdenes de pago y facturas a proveedores, y a Javier Degollado González, Presidente Municipal de Chapala, por no publicar información fundamental en el portal del municipio.

Al respecto, la Comisionada Presidente del ITEI, Cynthia Cantero Pacheco, indicó que ya van cuatro sanciones para el Alcalde Chapala, por lo que este ayuntamiento se ubica entre los tres más sancionados este año.

En otro asunto, se ordenó al Ayuntamiento de Guadalajara entregar información de la Dirección de Protección Animal relacionada con evidencias de las reuniones sostenidas para sustituir las calandrias tiradas por caballos por vehículos de motor.

Mientras que al Patronato de las Fiestas de Octubre, se le requirió dar información sobre el costo de organización, instancias que aportaron recursos, artistas contratados, entre otra, de los años 2007 al 2014.

También fueron requeridos para entregar información diversa el Instituto de Justicia Alternativa, y los Ayuntamientos de Tapalpa, El Salto y Tototlán.

Por otro lado, se resolvió un recurso de protección de datos personales en el que se da la razón al Congreso del Estado respecto de que es correcta la publicación de datos personales de una persona que había solicitado la cancelación de su información; sin embargo, se le pide al Legislativo cumplir con los lineamientos en la materia para justificar las versiones públicas elaboradas.