El impacto social, cultural, medi\u00e1tico, econ\u00f3mico, legal y pol\u00edtico-electoral de las redes sociales digitales es cada d\u00eda mayor en M\u00e9xico (y en todo el Mundo) y sigue creciendo exponencialmente. Dicho impacto y crecimiento se ha presentado en un periodo de tiempo excesivamente breve (apenas poco m\u00e1s de una d\u00e9cada) y casi totalmente al margen de las leyes mexicanas, incluidas las electorales, las de comunicaci\u00f3n social, las de transparencia y de derecho a la informaci\u00f3n, as\u00ed como las de protecci\u00f3n de datos personales, que se han quedado \u201cpasmadas\u201d ante la complejidad que dicha regulaci\u00f3n representa, dejando en manos de los juzgadores y de los organismos garantes de transparencia, la labor de definir y delimitar los alcances y restricciones de su uso por parte de autoridades y funcionarios p\u00fablicos. <\/p>\n
Por ende, considero que nos encontramos ante una coyuntura tecnol\u00f3gica hist\u00f3rica, que hace impostergable que desde el Poder Legislativo (Federal y el de cada una de las entidades federativas) se realicen las reformas y adecuaciones normativas necesarias para evitar que estas lagunas legales en materia de redes sociales digitales, puedan pervertir el uso pol\u00edtico-electoral y propagand\u00edstico de dichas herramientas de comunicaci\u00f3n tan poderosas, en posible violaci\u00f3n al art\u00edculo 134 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos, as\u00ed como generar restricciones al derecho a la informaci\u00f3n p\u00fablica y a la libertad de expresi\u00f3n, en perjuicio del art\u00edculo 6 de la referida Carta Magna, o incluso permitir o fomentar violaciones al derecho a la privacidad en perjuicio del art\u00edculo 16 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n