En este art\u00edculo se analizan los alcances que tienen la Ley General de Archivos (LGA) y los Lineamientos para la Organizaci\u00f3n y Conservaci\u00f3n de Archivos (LOCA), emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, respecto al resguardo (o custodia) de los documentos de archivo que generan, reciben y administran las entidades p\u00fablicas.<\/p>\n
Lo anterior, con el objetivo de valorar la armonizaci\u00f3n de dichos instrumentos jur\u00eddicos con la facultad potestativa que tienen las entidades p\u00fablicas a fin de remitir a las autoridades administrativas y jurisdiccionales, aquellos documentos originales que consideran pertinentes para la tramitaci\u00f3n de los procedimientos en los que fungen como parte.<\/p>\n
Ello, debido a la heterogeneidad que existe respecto a las providencias que se han tomado sobre aquellos documentos originales que se remiten a otras autoridades para los fines en menci\u00f3n; los efectos que producen las declaraciones de inexistencia previstas en las leyes generales y locales que en materia de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y protecci\u00f3n de datos personales se encuentran vigentes en M\u00e9xico; y la importancia que tienen los documentos para la impartici\u00f3n de justicia y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificaci\u00f3n, cancelaci\u00f3n y oposici\u00f3n (ARCO), as\u00ed como para el ejercicio del derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica (DAI).<\/p>\n
Concluyendo as\u00ed que en materia de archivos resulta pertinente contar con un marco normativo que contemple la facultad potestativa en menci\u00f3n, esto, con la finalidad de estandarizar procedimientos que garanticen el debido resguardo de documentos para as\u00ed estar en posibilidades de garantizar a las personas, los multicitados derechos humanos universales, sin generar afectaciones en el tr\u00e1mite de los procedimientos judiciales y administrativos en los que las entidades p\u00fablicas funjan como parte. <\/p>\n